CURANILAHUE / CAÑETE / LOS ÁLAMOS. Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el uso de recursos públicos destinados a programas de tenencia responsable de animales. El organismo detectó una serie de falencias a nivel nacional y reveló observaciones que involucran directamente a comunas de la Provincia de Arauco.
Entre los antecedentes más relevantes, la Contraloría señala que Curanilahue y Cañete figuran entre las 61 municipalidades del país que, pese a haber recibido recursos desde 2022 para iniciativas de rescate animal y control de la población de perros y gatos, declararon no haber realizado jornadas de rescate animal ni de control poblacional. En conjunto, estas comunas forman parte de un grupo que recibió millonarios aportes para dichos fines.
El informe también indica que Los Álamos aparece entre las 12 municipalidades de la Región del Biobío que no respondieron a los requerimientos de información formulados por la Contraloría respecto del uso de recursos destinados a programas de tenencia responsable. Según el reporte, esta comuna recibió $153 millones para estas iniciativas. En la misma situación se encuentran Cabrero, San Pedro de la Paz, Concepción, Tomé, Coronel, Hualpén, Santa Bárbara, Contulmo, San Rosendo, Alto Biobío y Antuco.
La investigación de la Contraloría revisó la ejecución del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía entre 2017 y marzo de 2026, detectando además que 162 municipalidades del país no respondieron requerimientos sobre el uso de más de $16 mil millones transferidos por la Subdere, además de otras deficiencias relacionadas con ordenanzas, lectores de microchip y registros de centros de mantención temporal.
El informe abre un nuevo debate sobre la ejecución y fiscalización de los recursos públicos destinados al bienestar animal, especialmente en comunas donde la presencia de perros y gatos abandonados continúa siendo una preocupación permanente para vecinos y organizaciones protectoras. Se espera que las municipalidades involucradas entreguen sus explicaciones y, de ser necesario, adopten medidas para subsanar las observaciones formuladas por el ente fiscalizador.
