Un intenso debate político y económico se instaló esta semana luego que el Gobierno del presidente José Antonio Kast, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca ampliar en US$6.200 millones el límite de endeudamiento autorizado para el Estado durante 2026.
La medida, que deberá ser discutida por diputados y senadores en las próximas semanas, busca otorgar al Ejecutivo mayores recursos para enfrentar compromisos financieros, cubrir obligaciones pendientes y responder a un escenario fiscal más complejo de lo previsto.
Según explicó el ministro Quiroz, la decisión responde a una combinación de factores, entre ellos menores ingresos fiscales proyectados, mayores gastos comprometidos y la necesidad de regularizar pagos a proveedores y pequeñas empresas que mantienen cuentas pendientes con el Estado.
“Esto es probablemente una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que adoptar”, reconoció el titular de Hacienda al referirse al proyecto, admitiendo que el aumento del endeudamiento se aleja de los objetivos iniciales de austeridad fiscal impulsados por el Ejecutivo.
Desde el Gobierno argumentan que la situación se agravó luego de detectar inconsistencias en las proyecciones fiscales heredadas de la administración anterior, lo que habría generado una diferencia significativa en las estimaciones de deuda para los próximos años. Como consecuencia, las proyecciones de déficit fiscal para 2026 fueron corregidas al alza, obligando a buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas. Parlamentarios de distintos sectores han manifestado preocupación por el impacto que podría tener un mayor endeudamiento sobre las finanzas públicas futuras, especialmente considerando que Chile ha mantenido históricamente una política de responsabilidad fiscal reconocida a nivel internacional.
Economistas advierten que si bien el endeudamiento puede ser una herramienta válida para enfrentar situaciones extraordinarias, también implica mayores costos financieros para el país y compromete recursos de futuras administraciones.
El proyecto será ingresado con carácter de urgencia al Congreso, donde se espera una intensa discusión respecto a las razones que llevaron al Gobierno a solicitar un aumento de la deuda pública y las medidas que se implementarán para evitar que esta continúe creciendo durante los próximos años.
Mientras tanto, el debate sobre la salud de las finanzas públicas vuelve a instalarse en el centro de la agenda nacional, en un escenario donde tanto el crecimiento económico como el control del gasto serán claves para la estabilidad fiscal de Chile.
